En lo personal
estimo que es un error centrar el análisis de las causas que nos han llevado a
esta situación sólo en los actos de violencia destructiva; de bienes públicos y privados;
y que han obligado a la actual autoridad presidencial a instaurar la medida de
estado de emergencia en gran parte del territorio nacional. Por cierto, que
podemos concordar que la primera tarea gubernamental es establecer el orden
social, como hecho imprescindible para promover una reactivación del diálogo
social.
En segundo lugar, opino que es muy necesario restablecer las confianzas en los canales institucionales del país, teniendo presente que la ciudadanía ha expresado su ira y descontento ante la impotencia política de acabar con la insensibilidad e injusticia social. Las respuestas de algunas autoridades gubernamentales han demostrado vivir en una burbuja alejadas de la realidad, de la que debe enfrentar cada día los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho de este bello país. Por otro lado, la clase política en su gran mayoría mantiene privilegios acompañados de remuneraciones muy por encima de quienes dependen de un sueldo para adquirir bienes y servicios básicos para su sustento familiar.
Llama la atención, que este ambiente de deterioro no tuvo ni encontró ningún eco en las autoridades, por cuanto no hubo al parecer ninguna evaluación política; aunque sí técnica; de lo que implicaba anunciar la subida del pasaje en el transporte en Santiago. Así mismo, se hace muy difícil creer que los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana tengan un componente espontáneo únicamente.
De hecho, las respuestas de las autoridades de gobierno fueron reactivas con la aplicación de la medida de estado de emergencia, lo que es una prerrogativa constitucional del presidente de la república, ante situaciones de alteración del orden público como ésta, lo cual no por su aplicación misma implique que no se esté apagando el fuego con nafta, más aún si consideramos el lenguaje bélico utilizado por la máxima autoridad del país para referirse a la situación social que está enfrentando.
Cabe hoy alguna duda de que la ciudadanía ha reaccionado ante la percepción de impunidad y abuso en el Chile actual; al menos en lo personal no la tengo; por ello necesitamos que el presidente tome las decisiones acertadas, a fin de crear las condiciones para empezar a construir un acuerdo nacional con el fin de incluir las demandas sociales legítimas de la ciudadanía.
Además de lo anterior es menester que los legisladores asuman responsablemente la búsqueda de solución a estas demandas legítimas de la ciudadanía, donde sus esfuerzos políticos deben estar dirigidos a promover la sociedad que los chilenos democráticamente han decidido construir.
Sinceramente desde mi lugar de opinión me es muy difícil vaticinar lo que se nos viene en lo futuro; para el país y nuestras regiones; tampoco podemos asegurar que estamos en la cúspide del caos que estamos viviendo, los cacerolazos, bocinazos y demás manifestaciones siguen presente al momento que escribo estas líneas, con las cuales he alzado mi voz para aportar con palabras y acciones personales en mi actual condición de pensionado, asumiendo en la medida de mis fuerzas la necesidad de que todos los chilenos nos unamos para construir una sociedad mejor, que sea respetuosa y prudente en aplicar los principios de justicia, libertad y solidaridad.
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