Hacia dónde nos conduce la Reforma de la
Educación Superior (RES), si tenemos presente el impacto que podrá causar a
quienes necesariamente deberán considerarla al momento de decidir sobre sus
proyectos de formación profesional y, a su vez para aquellos que somos parte de
dicha formación profesional en las Instituciones de Educación Superior (IES).
Sin lugar a dudas, ambos estamentos han demostrado en las instancias
comunicacionales que concuerdan en la necesidad de realizar una RES, cuyos
objetivos contemplen no solamente la modificación de la economía política del
actual sistema de financiamiento de la educación superior, sino que también
asegure la calidad de la enseñanza superior.
Lo anterior conlleva una responsabilidad
política sobre la trascendencia que provocarán las decisiones que se consensuen,
al determinar sin dudas el éxito o fracaso del sentido que se le imprimió al
proceso de RES, siendo esencial la participación de los agentes involucrados,
pues ninguno de ellos puede quedar ausente del proyecto gubernamental. Para ser
preciso, en esto incluyo al movimiento social estudiantil y representantes de
los trabajadores de las universidades, Centro de Formación técnica (CFTs) y
Institutos Profesionales (IPs).
Cabe
señalar que nos enfrentamos a la dificultad de contar con un documento final
respecto del proyecto gubernamental de RES, que deberá ser discutido y aprobado
en el Congreso Nacional de la República. Es tan así, que encontrar documentos
que entreguen información fidedigna de los diálogos y acuerdos previos que se
han alcanzado hasta la fecha actual no es fácil. De hecho, es preocupante la
percepción de participación que se tiene de las reuniones del MINEDUC con los
agentes involucrados en la reforma.
A esta altura parece oportuno preguntarse
si el diálogo del MINEDUC con los agentes señalados, ha estado a nivel de la trascendencia y sentido que tiene para el país una reforma
educacional de esta envergadura. Téngase presente el planteamiento de la
instancia ministerial del ramo al respecto, al manifestar la necesidad de un
trato especial a las universidades estatales, lo que ha generado más de una discrepancia
al interior del CRUCH. Aunque en lo personal no me parece que ésta sea una
situación paradojal provocada por la autoridad, sino más bien una consecuencia
lógica de la situación en que se han desenvuelto las universidades estatales a
partir del año 1981.
En
el sentido anterior, están los públicos desacuerdos que han expresado los
rectores de los planteles estatales, precisando sus temores de que la reforma
puede generar un escenario futuro que las lleve a desaparecer: ¿Será tanto así?
Cuando el gobierno ha sumado a los objetivos de calidad y gratuidad del
proyecto de RES, el fortalecimiento y aumento de las IESs estatales. Por
contraparte, lo preocupante alcanzaría a las IESs no estatales que podrían
sentirse afectadas negativamente por la profundidad que en definitiva se le
otorgue a este último objetivo del proyecto de reforma.
Los gestores y participantes de la RES
deben considerar que el acceso a lo público no es solo posible por las
instituciones estatales; aunque para éstas es una obligación ineludible; sino
que dicho acceso con equidad también puede ser realizada por instituciones no estatales,
considerando los resguardos de regulación, control y transparencia en la
utilización de recursos públicos que se le asignen, y que tengan presente que
no es correcto confundir conceptualmente lo público con lo estatal.
Otro aspecto de preocupación es si la
exigencia de calidad afectará la autonomía universitaria, a través de los
controles regulatorios que se establezcan en la reforma, especialmente si la
exigencia de indicadores se focaliza bajo un paradigma económico, que imponga a
la universidades una obligación de adiestramiento de capital humano que excluya
la centralidad de la persona humana.
Una reforma a la educación superior debe
sustentarse sobre la funcionalidad histórica de lo que entendemos por
universidad, reconociendo que esta institucionalidad es una instancia por la
cual la sociedad se esfuerza por transmitir su visión cultural en todas las
áreas del conocimiento. De aquí la importancia de que dicha reforma asegure
como mínimo a todas las universidades y demás instituciones de educación
superior que coexisten en el país, los principios de autonomía, libertad y
pluralidad intelectual.
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